Cada día en el país las instituciones de educación superior (IES) privadas enfrentan tensiones que amenazan su capacidad de cumplir idóneamente con sus proyectos educativos en un ambiente armónico, por el difícil entorno que las políticas públicas, el mercado, el sector y la opinión pública le están imponiendo.

El país no puede seguir el juego a los medios de comunicación, a los columnistas o a la élite política y económica que, erróneamente, creen que hablar de educación superior es referir al protagonismo de unas pocas universidades de prestigio, de tradición y de recursos, (que, hay que reconocerlo, se han ganado y trabajan permanentemente por mantener su estatus, buen nombre y reputación) y que juzgan, sin fundamento, al resto de IES en una peligrosa e injusta estigmatización en torno de peligrosos conceptos como ánimo de lucro y baja calidad.

Si se trata de enumerar dichas instituciones “privilegiadas” por la opinión pública, la cifra escasamente estaría entre las 40 a 50, de un total de 298 (84 públicas y 214 privadas) reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Todas ofertan programas académicos debidamente registrados porque cumplieron los mismos parámetros y exigencias de calidad definidas en la Ley. Vale la pena resaltar que, aproximadamente, el 47% de la población estudiantil matriculada en el sistema es atendido por IES privadas, y que más del 70% de dichos estudiantes pertenece a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

El total de la matrícula en el sistema (público y privado, de todos los estratos) bordea los 2.3 millones de estudiantes. Las IES con tradición y resultados de acreditación y visibilidad nacional e internacional, y que con orgullo nos representan, no pasan del 20 %. Esto quiere decir que hay más de un millón de estudiantes matriculados en el 80 % de IES restantes, mismas de las que poco se mencionan y cuyos nombres muchas veces se olvidan, aunque la mayoría esté en ruta de acreditación. Y eso que en esta cuenta no se está incluyendo cerca de 1.5 millones de potenciales estudiantes que no han logrado ingresar a la educación superior.

La pandemia del covid 19 permitió, afortunadamente para los jóvenes de bajos recursos que venían matriculados en las IES públicas, desarrollar la política de gratuidad educativa del actual Gobierno Nacional (Decreto 1667 de 2021), que beneficiará a la mayoría, aunque no a todos, los estudiantes de 63 IES oficiales.

Pero, ¿qué pasa con el resto de estudiantes, ese 47% de la matrícula del país, que están matriculados en las IES privadas? Ellos también son colombianos que, incluso a veces más que sus compañeros de las IES públicas, deben hacer grandes esfuerzos y sacrificios personales, laborales y económicos para pagar y adelantar sus estudios en IES que no pueden darles gratuidad, sencillamente porque su fuente de ingresos es la matrícula que cobran, dado que el Gobierno Nacional no las apoya.

La compleja situación financiera de las IES privadas, agravada con la pandemia, se caracteriza porque muchos de sus estudiantes, con justificadas razones, piensan en abandonarlas para intentar lograr gratuidad en las públicas; porque hay limitación de recursos económicos para estudiar tras el debilitamiento de la economía; y porque hay restricciones de ley para que las IES privadas puedan incrementar sus valores de matrícula por encima del IPC, que en la práctica llegó al 50 % del incremento del salario mínimo, entre otros aspectos.

Las cifras son categóricas. Pueden ser cerca de 180 instituciones de educación superior privadas las que han visto deterioradas sus condiciones de operación. La situación es tan compleja, que ya hay preocupantes síntomas de IES pequeñas que están viviendo sus últimos días y que, tras dos años de pandemia, este 2022 podría ser el año de su desaparición.

Según los registros oficiales, del Ministerio de Educación, de las 298 hay 161 IES (14 Universidades, 94 Instituciones universitarias, 34 Instituciones Tecnológicas y 19 Técnicas Profesionales) entre públicas y privadas que reportan en el año 2020 menos de cinco mil estudiantes. Es decir, son la mayoría. En cambio, hay unas pocas universidades e instituciones universitarias privadas que, por número de estudiantes, ingresos vía matrícula, convenios, contratos con el Estado, y sólidos patrimonios, pueden estar llevando sin dificultad estos desafiantes momentos, las tensiones y presiones tampoco escapan a ellas.

El panorama es complejo. Quienes apostamos por la calidad, celebramos los esfuerzos del Ministerio de Educación y de los actores claves del sistema de educación superior, para elevar los estándares de calidad y los procedimientos e instrumentos de medición de ésta, pero no podemos ser ajenos a los impactos que las políticas han causado en las IES: Aumento en las inversiones de infraestructura, bienestar y formación y reconocimiento docente para efectos de acreditación; incremento en la contratación de profesionales para procesos de autoevaluación, de mediciones, de registro, de investigación, de visibilidad, de redes sociales, de virtualidad y de permanente actualización documental, entre otros, todo lo cual se traduce en importantes incrementos en las inversiones económicas, mientras que el número de estudiantes y las matrículas parecen congelarse.

Y todo en un escenario de desarticulación sectorial, pese a que genéricamente se hable de un “sistema” de educación superior. En la práctica, no hay un solo espacio, ejercicio de diálogo o mesa técnica que reúna a la totalidad de rectores e instituciones de educación superior del país. Mientras que en las aulas nuestros docentes hablan de integración, trabajo en equipo y sinergia, en la práctica, el Gobierno nunca articula con todas las IES, más allá de correos o invitaciones genéricas, los rectores se reúnen en pequeños grupos y las asociaciones de IES, como ASCUN, SUE, ACIET, y la REdTTU, atendemos a intereses específicos, pero no de todo el sector.

Debo reconocer, en mi condición de rector de una institución universitaria privada y presidente nacional de ACIET, que nuestro propósito no ha sido del todo cumplido, y que no podemos ceder en el esfuerzo de integrar a todo el sector, pese a su diversidad, pues reúne a IES con muchos recursos con otras que escasamente están sobreviviendo; a públicas con privadas; a IES de grandes ciudades con las de región; y a acreditadas con las que trabajan para ello, entre otras muchas clasificaciones.

Mientras no actuemos como un solo cuerpo educativo al servicio del país, las políticas, el mercado, la opinión pública y los intereses individuales de las IES seguirán afectando el impacto real de la educación superior, en su conjunto, su capacidad de llegar a más colombianos, de ayudar a diseñar el futuro de Colombia y de defender los intereses de nuestros egresados, entre otros.

Aun con la financiación de la política de gratuidad educativa estatal, las condiciones operativas y de calidad de las IES públicas siguen demandando ingentes esfuerzos gubernamentales. Su situación también debe preocuparnos a todos.

La educación superior es un propósito, es un servicio público prestado por IES públicas y privadas, y un patrimonio nacional. Si no fuera por los aportes de las IES públicas y el compromiso de las IES privadas, el Estado no podría asegurar la cobertura en educación superior que tiene hoy Colombia.

La reducción en las condiciones de operación y, peor aún, el inmerecido cierre de IES privadas que, repito, prestan el servicio educativo a nombre del Estado, constituye el fracaso y la resignación del “sistema nacional de educación superior”, frente a la incapacidad de trabajar articulada y solidariamente. No sólo constituyen proyectos educativos frustrados, sino también la negación de oportunidades a miles de jóvenes que llegan a estas IES con la esperanza de contar con servicios de calidad, avalados por el Estado.

¡Debemos actuar, como IES y como rectores, por encima de las propias políticas, decisiones ministeriales y de las presiones de mercado!

Atentamente,

Por Hugo Alberto Valencia Porras
Presidente Nacional de ACIET
Rector Fundación Universitaria María Cano