Todos (y aquí me refiero al Estado, representado especialmente por el ministro de Educación; a las instituciones de educación superior – IES y sus rectores; a las asociaciones – como ACIET; y, en general, a la opinión pública interesada en el sector) esperamos que la cobertura, o tasa de matrícula, en la educación superior siga creciendo. Mientras más compatriotas tengan acceso a formación postsecundaria la productividad nacional aumentará y se cualificará; las tasas de retorno de la población mejorarán y, con ello, la tributación para la inversión social; y las llamadas externalidades, o efectos indirectos sentidos por todos en el mediano y largo plazo (como, por ejemplo, la disminución en los conflictos sociales y la mayor sensibilidad en torno de temas cruciales para el planeta), se incrementarán a favor de un mejor nivel de vida de la sociedad.

Pero, ¿qué pasa si la cobertura retrocede o se frena? Aunque Colombia ha experimentado importantes avances en el tema, son muchas las nubes grises que están dibujando un panorama no muy optimista. Los antecedentes son positivos, pero la actual realidad poco ayuda. Veamos:

Debemos reconocer, positivamente, que la apuesta por la masificación de la educación superior en Colombia ha superado múltiples discusiones técnicas, políticas, ideológicas y financieras. El debate mundial y las apuestas porque la educación sea considerada como un derecho universal han contribuido a elevar dicha cobertura de manera significativa. En favor de los últimos gobiernos (de una y otra tendencia política) debe decirse que permitir que las IES privadas coadyuven a complementar la oferta oficial, que el Icetex se diversifique con muy diversas modalidades y opciones de financiamiento, que gobernaciones y municipios se hayan sensibilizado para patrocinar el estudio de sus jóvenes, y que hayan aparecido programas nacionales del estilo de Ser Pilo Paga, Generación E y Matrícula Cero, han sido claves para subir la cobertura. En lo corrido del actual siglo, han sido 40 puntos porcentuales (pasando de 13,82 % en el año 2000 a 53,9 % en 2021).

Si bien se puede pensar que con una cobertura del 53,9 % aún hay mucho por crecer, las cifras también muestran que desde 2016, cuando Colombia por primera vez superó el 50 %, ésta ha fluctuado entre 51,2 % y 53,9 %, y parece estar dándose lo que en términos financieros se llama una resistencia a superar ese techo; es decir, a seguir subiendo.

El Gobierno Nacional, a través de su ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha anunciado la intención de incrementar la cobertura en 500 mil nuevos estudiantes en los cuatro años de la administración del presidente Gustavo Petro Urrego, lo que la pondría en el orden del 65 % (quedando aún por debajo del promedio de los países de la OECD, que está sobre el 70 %). Pero a pesar del esperanzador anuncio, los indicadores macro están enviando preocupantes señales que podrían amenazar un crecimiento en la matrícula: consecuencias de la pandemia, aún vigentes, en el empleo y en la dedicación de los jóvenes al estudio; inflación descontrolada; salida de capitales de inversión extranjeros del país, y desaceleración en los salarios de los profesionales universitarios (el propio ministro ha dicho, de forma muy preocupante, que cerca del 30 % de los programas de educación superior no presenta tasas de retorno positivas), no están mostrando un panorama optimista.

Asimismo, debe considerarse que no tenemos, como sector educativo, una estrategia clara de política pública para direccionar favorablemente la oferta de IES extranjeras que, sin control, están llegando de forma virtual al país; y que tampoco hay claridad para el ofrecimiento de programas informales, por internet y cursos libres, de parte de agentes externos al radar del propio Ministerio de Educación, con la consecuente incomprensión de parte de estudiantes y familias de sus reales beneficios y hasta de su legalidad. Además, no podemos desconocer que la cultura gubernamental de subsidiar económicamente a muy diversos sectores marginales de la sociedad, incluidos jóvenes que no estudian, ni trabajan (“Ninis”), por diversos motivos, va en contravía del mensaje tradicional de la necesidad de estudiar para crecer en todos los sentidos.

Hasta ahora la política de gratuidad del Gobierno se ha enfocado en subsidiar la matrícula de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en las IES oficiales, mismas que han señalado sus limitaciones de infraestructura y capacidad para crecer en el volumen deseado por el ministro. Los propios vicerrectores de la comisión técnica del Sistema Universitario Estatal SUE advirtieron al Ministerio y al Congreso de la República, en audiencia pública del pasado mes de octubre, que las universidades públicas sólo podrían crecer en 100 mil cupos en los próximos 8 años. Es decir, si el gobierno quiere cumplir sus apuestas deberá concretar, lo más pronto posible, apoyos para los estudiantes en IES privadas (de forma similar a como se ha dado en los niveles de la básica y media). El ministro Gaviria lo ha dicho en varias ocasiones. Sería bueno concretarlo inmediatamente para no perder aspirantes en el primer semestre de 2023, y subsidiar los estudiantes que no logren cupo en la educación pública.

De esta manera no sólo se contribuirá a disminuir las preocupantes cifras de “Ninis” (que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE – superan los 3 millones de jóvenes entre 15 a 28 años), sino que también se atenderá el compromiso constitucional del Estado de brindar oportunidades de educación a toda la población y se podrá evitar que algunas IES privadas dejen de operar, ante la imposibilidad de ofertar programas académicos con valores de matrícula que resultan altos (sea cual sea) frente al modelo de gratuidad de las IES públicas.

De lo contrario, de mantenerse el panorama como hoy se ve, en temas de sostenibilidad económica muchas IES privadas podrían tener un tenebroso año 2023. Vale recordar que desde 2017 la tasa de cobertura nacional fue bajando gradualmente, y que el año pasado volvió a subir gracias a la gratuidad dada por el Estado a las IES públicas, pero que las privadas, además de ver afectadas sus finanzas con la reducción en el número de estudiantes, con la pandemia tuvieron que echar mano de sus ahorros, que congelaron y algunas bajaron matrículas en varios periodos, que el cálculo de matrículas para 2022 se hizo con base en un IPC del 5.6 % mientras que el salario mínimo se incrementó en un 10,07 %, y que la preocupante alta inflación en lo corrido de 2022 (actualmente en el 12 %), amplía de forma preocupante la brecha económica entre la gratuidad y las matrículas que los actuales y futuros estudiantes deberán pagar en las IES privadas.

Las consecuencias podrían ser muy graves, no sólo por la mayor deserción -léase frustración social – de estudiantes de IES privadas, sino también porque se podrían ver afectadas las necesarias condiciones de operación y las apuestas de calidad, acreditación, bienestar, internacionalización e inclusión, que el sistema de educación superior ha venido demandando.

Una vez más, señor ministro Alejandro Gaviria, cuenta con la capacidad técnica, voluntad e infraestructura de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior ACIET, para que se pueda actuar a tiempo y no tengamos que lamentarnos.

Hugo Alberto Valencia Porras
Presidente Nacional de ACIET
Rector Fundación Universitaria María Cano